¡Son tantas las cosas que dan
vuelta por la cabeza y el corazón cuando arrecia la corrupción en el mundo
político! Pero, hay un momento en el cual hay que ser capaz de analizar y
comprender en el contexto debido lo que está sucediendo. El Servicio de
Impuestos Internos, debidamente alertado por funcionarios y por personas
vinculadas a ciertas empresas, investiga un fraude tributario, que consiste en
que la empresa aumenta artificialmente sus gastos con facturas o boletas por
servicios que no han sido prestados. Pero, la empresa ha sacado esos dineros de
sus arcas y han ido a parar a personas que están vinculadas con el quehacer
político. Preguntada la empresa, ésta entrega información detallada diciendo
que esos servicios efectivamente no se prestaron y que el dinero entregado era
para financiar las actividades de esos políticos, ya fuera para sus campañas o
simplemente para contribuir al enriquecimiento de esos políticos o sus
familiares.
Eso es lo judicial. Por eso hay
querellas y acciones ante la Fiscalía y los Tribunales.
Pero tras esto hay una cuestión
política y ética, que desde el punto de vista de la democracia y de las
organizaciones políticas, merece un pronunciamiento.
Veamos al político. Caso uno,
recibe dinero para el financiamiento de su campaña. Ese aporte puede ser legal
y secreto, espontáneo de la empresa en cuestión. Hay políticos que han dicho
públicamente que ninguna empresa da si acaso no se le pide, lo cual deja el
secreto en algo falso. Entonces el político va a pedir a una empresa y luego le
aparece un aporte “anónimo” en el Servicio Electoral. Puede ser legal, pero no
huele bien. ¿Por qué una empresa dona a un político? Es evidente que a primera
razón es porque ese político tiene posiciones que son coincidentes con los
intereses empresariales. La segunda es que después del aporte se espera que el
político apoye los intereses de la empresa. Ahora bien, el político no está
obligado a recibir el dinero, menos aun cuando el Partido al que pertenece –
como es el caso de la Democracia Cristiana – ha acordado en su órgano supremo
el rechazo al financiamiento empresarial de las campañas. Cada político que
recibió ese dinero se expone a las presiones que después pueden venir sobre él
(o ella) y en el caso de los de la DC se pone fuera de la disciplina
partidaria. Es un acto legal, pero ilegítimo e indisciplinado. Es un acto que
merece reproche político y ético y por lo menos lo pone en pie de sospecha. Yo,
como militante DC, esperaría que todos los militantes que recibieron dinero de
empresas para sus campañas sean sancionados por evidente acto de desacato al
Congreso del Partido. Pero, ese aporte puede ser ilegal, es decir, hecho fuera
de los procedimientos que permite la ley. En ese caso se está cometiendo una
grave falta y probablemente un delito. Pero sobre todo se está cometiendo una
grave falta ética al usar mecanismos fraudulentos para obtener dineros que no
le corresponden. Con ello aumenta su grado de dependencia o compromiso con
quien le da ese dinero, lo que evidentemente corrompe el carácter democrático
de su mandato. Cualquiera que sea el Partido, lo menos que se puede esperar es
que esa persona sea sancionada por los tribunales propios de su organización
por grave falta a la ética, aunque no sea condenado por los tribunales. Porque
alguien puede ser absuelto judicialmente por muchas razones, pero eso no borra
la conducta ni su carácter de falta ética. En el caso de la Democracia
Cristiano, por sus principios y tradiciones, yo esperaría que ese político fuera
condenado severamente por el Tribunal partidario. Es decir, puede que el
político no haya emitido boleta ni factura, pero sus allegados lo hicieron.
Puede que en el PPD – partido nuevo, sin doctrina - se queden tranquilos con
que el empleado de su senador por Santiago haya sido condenado, no tomándose
medida alguna respecto del senador que se benefició con esas conductas, ni
siquiera un reproche verbal, pero eso no puede pasar en un Partido con
doctrina, con ética, con tradiciones arraigadas, con una trayectoria histórica
de honestidad.
El argumento dado por algunos
políticos, más en privado que en público, en el sentido de que si no se usan
esos procedimientos quedaría en desventaja frente a sus rivales, no resiste
análisis. Lo que se está justificando es una “carrera” delictual o inmoral. La
necesidad de limpiar la política exige trabajar con la verdad y sin acciones
fraudulentas aun a riesgo de perder.
Caso dos: un político o sus
parientes reciben financiamiento por trabajos que no se han realizado. Eso es
trabajar con la mentira y obtener dineros que se mantendrán ocultos, sin más
finalidad que financiar al dirigente. Busquemos la figura legal que se quiera,
pero situados en la ética y la política eso no es correcto. Al menos puedo
decir que no lo es para los que creemos en la limpieza de la acción de los
políticos como requisito de la democracia. Es evidente que lo persigue el
donante es asegurar que ese político actuará – en el gobierno, en el Congreso o
en otro espacio de decisiones o difusión – de acuerdo con los intereses de la
empresa. Se establece una dependencia que distorsiona el sistema. Los votantes
de la DC por ejemplo creen que el político hará ciertas cosas, pero no sabe que
cuando se enfrente a los intereses de sus donantes y financistas, hará algo
distinto de lo proclamado.
Imaginemos que el trabajo se
realizó. Cuando los hijos o hijas, la cónyuge, la pareja, los parientes
cercanos de un político se ven favorecidos con decisiones de una empresa, es
inevitable que el dirigente se sienta presionado y, por lo tanto, si quiere
seguir siendo dirigente, al menos debe trasparentar los hechos voluntariamente
y sin que sea requerido para eso y abstenerse de tomar decisiones que se
relacionen con esos intereses. El dirigente, favorecidos sus relacionados con
decisiones “exageradas” (informes no necesarios, funciones sobre pagadas,
encargos que exceden las competencias del que recibirá el dinero) debe ser
capaz de hacerse un lado de los puestos más altos o de situaciones en las que
debe tomar decisiones de trascendencia. Es lo menos que se puede esperar. Y si
no lo hace, como no lo han hecho muchos de ellos, deben ser sancionados por las
institucionalidades de sus partidos. Al menos es lo que se esperaría en la
Democracia Cristiana.
Es curioso que haya personas que
siendo muy jóvenes reciban el privilegio de tener cargos de confianza política
en el gobierno, sin ser militantes ni políticos, sin tener grandes competencias
para esos cargos ni la experiencia suficiente y paralelamente tengan una o más
empresas que hacen trabajos ajenos a su competencia para terceros que negocian
con el Estado. Y la actividad de su empresa se limita a unas pocas boletas para
una misma contraparte. Más curioso es que el que paga diga que no tiene
respaldo, que nunca le entregaron el informe encargado o que no era algo que
necesitara. Y que el Servicio de Impuestos Internos lo considere suficiente
para iniciar una acción en contra de todos los involucrados.
Es curioso que SOQUIMICH, por
ejemplo, haya necesitado tantos informes comunicacionales. Todo es raro. Y lo
más raro es que el Tribunal Supremo de la DC diga que no tiene competencia,
pese a que los estatutos le señalan no sólo competencia apropiada, sino que le
ordena proceder de oficio cuando haya hechos públicos que comprometan el
prestigio o los intereses del Partido.
Lo que pasa es que algunos dicen
ser honrados, pese a que todas las apariencias tienden a sostener lo contrario.
Es delicado. Como lo que se exigía a la mujer del César, no sólo ser honrada
sino aparecer como tal, sin mantos de dudas sobre ella.
Es cierto que resulta difícil
pedir al que ha violado la ética, que lo reconozca y se margine. Pero más allá
de llamar a su conciencia, hay que apelar a la conciencia de quienes están
cerca de ese militante para que le digan que mientras las cosas no estén claras
para todos no debe ejercer sus derechos de militante, cualquiera que éstos
sean.
Y si no, los ciudadanos deberán
ejercer sus derechos y tomar el toro por las astas.
