La Reforma Constitucional y la Nueva Democracia, por Pablo Hales
Mi hijo Pablo, abogado, escribió este artículo, que me ha parecido interesante de compartir con mis amigos.
Con oportunidad de las modificaciones al texto de la Constitución Política, funcionarios de gobierno y personalidades de la oposición han hablado del “término de la transición” y de “la llegada a la democracia plena”.
De alguna forma, estas declaraciones reflejan al menos dos ideas que me parecen delicadas; por una parte, el reconocimiento tácito de la falta de aptitudes democráticas del texto constitucional original y por otra, que realizadas estas reformas, no hay ya más modificaciones que plantear.
La primera idea, se enmarca dentro de un proceso que el país ha presenciado, sin mayor escándalo durante el curso de los últimos doce meses, esto es, que personas que trabajaron, lucraron o al menos defendieron a brazo partido la “obra del gobierno militar”, aparecen ahora defenestrándolo, dando la espalda al Gobierno del cual formaron parte de manera activa.
Resulta sorprendente ver a los líderes de los partidos de oposición, que ocuparon altos cargos en la dictadura militar unos, o que hicieron sus más grandes negocios otros y los más, que se dedicaron a defenderlo activamente, dando la espalda al gran líder y responsable de ese gobierno.
Aparecen ahora criticando las violaciones a los derechos humanos, diciendo que nunca supieron nada, formulando sendos reproches morales al uso malicioso o bien derechamente, al robo de los fondos públicos que realizaron de manera sistemática, los gobernantes de la época. Es más, algunos se han planteado ahora, como los defensores de la democracia y de la igualdad de oportunidades y han dicho, “si yo hubiera sabido no lo habría apoyado jamás”.
Cabe entonces formularse una pregunta, ¿qué les pasó?, ¿a qué se debe este cambio?, ¿dónde estaban cuando se violaban los derechos humanos?, ¿cómo pasaron de defensores del régimen militar a ser sus detractores? Parece impresentable; incluso algunos pretenden alegar su inocencia bajo el argumento que no sabían lo que pasaba. Nos quieren hacer creer lo increíble.
Quedan muy pocos defensores de ese gobierno, personajes como Iván Moreira y Hermógenes Pérez de Arce, como las únicas voces que mantienen lo que siempre sostuvieron sus demás correligionarios. Están solos y parecen dementes abandonados, “las voces que claman en el desierto”, defendiendo lo que nadie más defiende. Tal vez son los pocos que mantienen un poco de honestidad y dignidad, si cabe usar tales calificativos a quienes se siguen declarando como partidarios de las violaciones a los derechos humanos de sus adversarios políticos.
Pero personalmente, no me sorprende.
Tengo la peor opinión de quienes hoy día pretenden lavarse las manos y la he tenido siempre.
Yo era un niño de diez años, cuando sabía de las violaciones a los derechos humanos y de los robos de Pinochet (vgr. Casa del Melocotón), ocurre que estos señores mayores de edad a esa fecha y funcionarios del régimen, no lo sabían..... ¡por favor!
Pero es la otra idea mencionada previamente, la que me provoca mayores escalofríos.
Ocurre ahora, que los funcionarios y los parlamentarios de este otro régimen, que ahora sabemos es democrático, nos dicen que ha terminado la transición, que ahora si estamos en democracia y que ya no hay más razones para la lucha y la movilización social.
El Presidente Lagos organizó su gran fiesta para el día 17 de Septiembre de 2005, donde en el Palacio de Gobierno, el mismo en el que gobernó Pinochet y sus secuaces, en un acto oficial ha promulgado de la “Nueva Constitución Política de la República”.
Con el respeto que puedan llegar a ganarse las autoridades, debo decirle al Señor Lagos, sin necesidad de apuntarlo con el dedo, que es la misma Constitución de Pinochet, no lo olvide, con algunas modificaciones es cierto, pero la Constitución y sus leyes fundamentales son las mismas, sin espíritu democrático.
Es más, con espanto pude ver a dos funcionarios del gobierno en un programa televisivo (“En la mira” de Chilevisión, emitido el lunes 12 de septiembre) en el que trataban el tema de las movilizaciones sociales. En dicho programa estos dos funcionarios declaraban que la movilización social no era la forma de hacer peticiones a la autoridad en un estado democrático; que las peticiones de la ciudadanía debían justificarse por sus argumentos o por su masividad, pero jamás por la fuerza de los actos de movilización o protesta.
Caramba, cómo nos cambia la vida.
Ocurre que hace no pocos años, entendíamos que la vía de la desobediencia civil y la movilización social eran la expresión legítima del pueblo para requerir a las autoridades, cuando estas no escuchaban las inquietudes de la ciudadanía. Hoy en día se inician acciones criminales en contra de las pobladoras que protestaron por la falta de respuesta digna o coherente del gobierno frente a los deudores del SERVIU.
Simplemente no lo puedo creer.
Por mi parte, me mantengo fiel a mis principios, creo que el pueblo tiene el derecho a manifestarse contra la autoridad que ha elegido, cada vez que ésta no satisfaga sus requerimientos formulados por “los cauces normales” propios del estado democrático.
Entiendo además, que uno de los fundamentos de la democracia como sistema de gobierno es la representatividad, es decir una ficción (nunca más apropiado el término), en virtud de la cual se entiende que los gobernantes (poder ejecutivo y legislativo) son representantes de la Nación, han sido elegidos, mandatados por el Pueblo que manifiesta de esa forma su soberanía.
Es decir el fundamento del poder de los gobernantes, aún cuando estos lo olviden con mayor frecuencia de lo recomendable, es un mandato, que como todo mandato, se basa en que el mandatario (los gobernantes) representan a los mandantes (el pueblo) y deben hacer su voluntad, cumplir con el mandato que se les ha otorgado. Los gobernantes no tienen la fuente de su poder en su inteligencia o en su brillo personal, su poder radica en la voluntad soberana del Pueblo; entenderlo de otra forma es contrario a la democracia.
El pueblo o la Nación si se prefiere una expresión menos manoseada, tienen el derecho de manifestarse para exigir el cumplimiento del mandato; y si los gobernantes no lo escuchan, tienen derecho a la desobediencia civil, a la manifestación y a la protesta.
Ya en la Edad Media, los filósofos más importantes de occidente, casi todos miembros del clero de la Iglesia Católica, aceptaban el tiranicidio, como un acto legítimo de la Nación.
Hoy en día, nuestros gobernantes, estiman que el pueblo no puede siquiera protestar, menos ahora que ya estamos en democracia......
Cómo nos cambia la vida.
Parece que esta es la nueva democracia; sin derecho a la desobediencia civil ni a la movilización popular, sin derecho a verdadera representatividad bajo el amparo del sistema binominal, con pactos electorales que designan a las nuevas autoridades, con más marginalidad y más violencia, con un sistema funcional a los amigotes, la parentela y el compadrazgo, sin espacio para las nuevas figuras ni las nuevas ideas; en que siguen siendo los mismos quienes se siguen repartiendo los espacios de poder.
No creo que sea esta la democracia por la cual luchó gran parte del pueblo chileno, exponiendo sus vidas.
Imagino a Clotario Blest, a los hermanos Vergara, a Sebastián Acevedo, a José Manuel Parada, a Manuel Bustos, a Eduardo Frei (el padre, el líder), al Cardenal Silva Henríquez, al padre Pierre Dubois, a José Carrasco, a Alejandro Hales, a Clodomiro Almeida y a todos los demás que se la jugaron de verdad, muertos en la tierra y vivos en la memoria del pueblo, pero ahora además, muertos de vergüenza.
A estas alturas, me parece que quedan pocas opciones y esas parten por recuperar los verdaderos espacios de poder para los legítimos detentadores, recuperar los espacios de verdadero diálogo y compromiso, de reconocimiento mutuo, para que en un tiempo más el mismo pueblo vuelva a ejercer su soberanía y tenga los gobernantes que en verdad se merece.
Pablo Hales
Mi hijo Pablo, abogado, escribió este artículo, que me ha parecido interesante de compartir con mis amigos.
Con oportunidad de las modificaciones al texto de la Constitución Política, funcionarios de gobierno y personalidades de la oposición han hablado del “término de la transición” y de “la llegada a la democracia plena”.
De alguna forma, estas declaraciones reflejan al menos dos ideas que me parecen delicadas; por una parte, el reconocimiento tácito de la falta de aptitudes democráticas del texto constitucional original y por otra, que realizadas estas reformas, no hay ya más modificaciones que plantear.
La primera idea, se enmarca dentro de un proceso que el país ha presenciado, sin mayor escándalo durante el curso de los últimos doce meses, esto es, que personas que trabajaron, lucraron o al menos defendieron a brazo partido la “obra del gobierno militar”, aparecen ahora defenestrándolo, dando la espalda al Gobierno del cual formaron parte de manera activa.
Resulta sorprendente ver a los líderes de los partidos de oposición, que ocuparon altos cargos en la dictadura militar unos, o que hicieron sus más grandes negocios otros y los más, que se dedicaron a defenderlo activamente, dando la espalda al gran líder y responsable de ese gobierno.
Aparecen ahora criticando las violaciones a los derechos humanos, diciendo que nunca supieron nada, formulando sendos reproches morales al uso malicioso o bien derechamente, al robo de los fondos públicos que realizaron de manera sistemática, los gobernantes de la época. Es más, algunos se han planteado ahora, como los defensores de la democracia y de la igualdad de oportunidades y han dicho, “si yo hubiera sabido no lo habría apoyado jamás”.
Cabe entonces formularse una pregunta, ¿qué les pasó?, ¿a qué se debe este cambio?, ¿dónde estaban cuando se violaban los derechos humanos?, ¿cómo pasaron de defensores del régimen militar a ser sus detractores? Parece impresentable; incluso algunos pretenden alegar su inocencia bajo el argumento que no sabían lo que pasaba. Nos quieren hacer creer lo increíble.
Quedan muy pocos defensores de ese gobierno, personajes como Iván Moreira y Hermógenes Pérez de Arce, como las únicas voces que mantienen lo que siempre sostuvieron sus demás correligionarios. Están solos y parecen dementes abandonados, “las voces que claman en el desierto”, defendiendo lo que nadie más defiende. Tal vez son los pocos que mantienen un poco de honestidad y dignidad, si cabe usar tales calificativos a quienes se siguen declarando como partidarios de las violaciones a los derechos humanos de sus adversarios políticos.
Pero personalmente, no me sorprende.
Tengo la peor opinión de quienes hoy día pretenden lavarse las manos y la he tenido siempre.
Yo era un niño de diez años, cuando sabía de las violaciones a los derechos humanos y de los robos de Pinochet (vgr. Casa del Melocotón), ocurre que estos señores mayores de edad a esa fecha y funcionarios del régimen, no lo sabían..... ¡por favor!
Pero es la otra idea mencionada previamente, la que me provoca mayores escalofríos.
Ocurre ahora, que los funcionarios y los parlamentarios de este otro régimen, que ahora sabemos es democrático, nos dicen que ha terminado la transición, que ahora si estamos en democracia y que ya no hay más razones para la lucha y la movilización social.
El Presidente Lagos organizó su gran fiesta para el día 17 de Septiembre de 2005, donde en el Palacio de Gobierno, el mismo en el que gobernó Pinochet y sus secuaces, en un acto oficial ha promulgado de la “Nueva Constitución Política de la República”.
Con el respeto que puedan llegar a ganarse las autoridades, debo decirle al Señor Lagos, sin necesidad de apuntarlo con el dedo, que es la misma Constitución de Pinochet, no lo olvide, con algunas modificaciones es cierto, pero la Constitución y sus leyes fundamentales son las mismas, sin espíritu democrático.
Es más, con espanto pude ver a dos funcionarios del gobierno en un programa televisivo (“En la mira” de Chilevisión, emitido el lunes 12 de septiembre) en el que trataban el tema de las movilizaciones sociales. En dicho programa estos dos funcionarios declaraban que la movilización social no era la forma de hacer peticiones a la autoridad en un estado democrático; que las peticiones de la ciudadanía debían justificarse por sus argumentos o por su masividad, pero jamás por la fuerza de los actos de movilización o protesta.
Caramba, cómo nos cambia la vida.
Ocurre que hace no pocos años, entendíamos que la vía de la desobediencia civil y la movilización social eran la expresión legítima del pueblo para requerir a las autoridades, cuando estas no escuchaban las inquietudes de la ciudadanía. Hoy en día se inician acciones criminales en contra de las pobladoras que protestaron por la falta de respuesta digna o coherente del gobierno frente a los deudores del SERVIU.
Simplemente no lo puedo creer.
Por mi parte, me mantengo fiel a mis principios, creo que el pueblo tiene el derecho a manifestarse contra la autoridad que ha elegido, cada vez que ésta no satisfaga sus requerimientos formulados por “los cauces normales” propios del estado democrático.
Entiendo además, que uno de los fundamentos de la democracia como sistema de gobierno es la representatividad, es decir una ficción (nunca más apropiado el término), en virtud de la cual se entiende que los gobernantes (poder ejecutivo y legislativo) son representantes de la Nación, han sido elegidos, mandatados por el Pueblo que manifiesta de esa forma su soberanía.
Es decir el fundamento del poder de los gobernantes, aún cuando estos lo olviden con mayor frecuencia de lo recomendable, es un mandato, que como todo mandato, se basa en que el mandatario (los gobernantes) representan a los mandantes (el pueblo) y deben hacer su voluntad, cumplir con el mandato que se les ha otorgado. Los gobernantes no tienen la fuente de su poder en su inteligencia o en su brillo personal, su poder radica en la voluntad soberana del Pueblo; entenderlo de otra forma es contrario a la democracia.
El pueblo o la Nación si se prefiere una expresión menos manoseada, tienen el derecho de manifestarse para exigir el cumplimiento del mandato; y si los gobernantes no lo escuchan, tienen derecho a la desobediencia civil, a la manifestación y a la protesta.
Ya en la Edad Media, los filósofos más importantes de occidente, casi todos miembros del clero de la Iglesia Católica, aceptaban el tiranicidio, como un acto legítimo de la Nación.
Hoy en día, nuestros gobernantes, estiman que el pueblo no puede siquiera protestar, menos ahora que ya estamos en democracia......
Cómo nos cambia la vida.
Parece que esta es la nueva democracia; sin derecho a la desobediencia civil ni a la movilización popular, sin derecho a verdadera representatividad bajo el amparo del sistema binominal, con pactos electorales que designan a las nuevas autoridades, con más marginalidad y más violencia, con un sistema funcional a los amigotes, la parentela y el compadrazgo, sin espacio para las nuevas figuras ni las nuevas ideas; en que siguen siendo los mismos quienes se siguen repartiendo los espacios de poder.
No creo que sea esta la democracia por la cual luchó gran parte del pueblo chileno, exponiendo sus vidas.
Imagino a Clotario Blest, a los hermanos Vergara, a Sebastián Acevedo, a José Manuel Parada, a Manuel Bustos, a Eduardo Frei (el padre, el líder), al Cardenal Silva Henríquez, al padre Pierre Dubois, a José Carrasco, a Alejandro Hales, a Clodomiro Almeida y a todos los demás que se la jugaron de verdad, muertos en la tierra y vivos en la memoria del pueblo, pero ahora además, muertos de vergüenza.
A estas alturas, me parece que quedan pocas opciones y esas parten por recuperar los verdaderos espacios de poder para los legítimos detentadores, recuperar los espacios de verdadero diálogo y compromiso, de reconocimiento mutuo, para que en un tiempo más el mismo pueblo vuelva a ejercer su soberanía y tenga los gobernantes que en verdad se merece.
Pablo Hales
